Gobierno De La Espriella alista buque cárcel y traslados masivos para frenar el crimen desde las prisiones
El Gobierno De La Espriella reveló nuevos detalles de la estrategia con la que busca recuperar el control de las cárceles del país e impedir que desde los establecimientos penitenciarios se sigan coordinando extorsiones, homicidios y otras actividades criminales.
"Quien está privado de la libertad no puede seguir dirigiendo el crimen desde adentro", señaló Miller Soto, vocero del Gobierno, al presentar la política, que contempla traslados de internos, mayores controles tecnológicos y financieros, fortalecimiento de la resocialización y nueva infraestructura penitenciaria.
Como parte de las primeras acciones, el Inpec ya ha trasladado a cientos de personas privadas de la libertad: 111 internos fueron reubicados desde la cárcel de Itagüí, y cerca de 50 estuvieron involucrados en operativos realizados en Barranquilla. El ministro de Justicia, Iván Cancino, aseguró que estos primeros traslados en Barranquilla estuvieron acompañados de una reducción aproximada del 63 % en los indicadores de criminalidad durante los primeros días de aplicación.
En paralelo, el Gobierno trabaja en mecanismos para bloquear comunicaciones ilegales desde los penales y rastrear los movimientos financieros vinculados con actividades delictivas.
Buque cárcel y sometimiento judicial
Una de las medidas que más ha llamado la atención es el estudio de un buque cárcel destinado a internos que requieran condiciones excepcionales de aislamiento. El Gobierno también evalúa la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios mediante alianzas público-privadas, así como la instalación de un pabellón piloto de máxima seguridad en Girón.
A esto se suma el proyecto de sometimiento judicial que el Ejecutivo radicará ante el Congreso. Según lo explicado por el Gobierno, la propuesta tendría una ruta estrictamente judicial, sin estatus político, y contemplaría condiciones como la entrega de armas, información sobre las estructuras criminales y sus economías ilícitas, reparación a las víctimas, garantías de no repetición y entrega de bienes obtenidos de forma ilegal.
El Ejecutivo indicó además que buscará fortalecer las llamadas cárceles productivas, con programas de trabajo y formación orientados a reducir la reincidencia. "La cárcel tiene que dejar de ser uno de los eslabones débiles del Estado", sostuvo el Gobierno, al señalar que el objetivo final es impedir que los centros penitenciarios sigan siendo utilizados como puntos de operación del crimen organizado.
