FOMAG: De La Espriella rompe con Fiduprevisora tras 36 años
El presidente Abelardo De La Espriella anunció la decisión de no prorrogar el contrato de fiducia mercantil entre el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y Fiduprevisora, un…
El presidente Abelardo De La Espriella anunció la decisión de no prorrogar el contrato de fiducia mercantil entre el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y Fiduprevisora, un vínculo que se mantuvo durante 36 años y que ha estado relacionado con la administración de los recursos destinados a la salud y las prestaciones sociales de los docentes colombianos.
A través de su cuenta de X, el mandatario justificó la decisión señalando graves problemas financieros y administrativos en el Fondo. Según afirmó, encontró un patrimonio negativo superior a los 3,1 billones de pesos, deficiencias en la atención médica y retrasos en los pagos a los prestadores de servicios. También denunció presuntas prácticas de corrupción y repartos políticos alrededor de la administración de los recursos del magisterio.
Para sustentar la determinación, el Gobierno revisó el contrato original y sus 43 otrosíes, informes de supervisión, pronunciamientos de organismos de control y una medida cautelar de la Superintendencia Nacional de Salud. Además, ordenó una auditoría forense para esclarecer el manejo de los recursos y dispuso que los posibles hallazgos sean trasladados a la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría.
La decisión abre una nueva etapa para el FOMAG, aunque también plantea interrogantes sobre la capacidad institucional para garantizar que los docentes y sus familias no sufran interrupciones en la atención médica. El periodo de transición será inicialmente de un año, prorrogable por otro, durante el cual Fiduprevisora continuará cumpliendo las responsabilidades correspondientes a la operación del Fondo.
Entre las prioridades anunciadas están garantizar la continuidad de los tratamientos médicos, la entrega de medicamentos, la atención de urgencias y el reconocimiento de pensiones, cesantías y demás prestaciones económicas. Mientras se estructura un nuevo modelo de administración, el Gobierno deberá demostrar que el cambio contractual se traduce en mejores servicios para los maestros y no en una nueva etapa de incertidumbre para el magisterio.