Fiscalía rastrea ubicación de exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por escándalo de corrupción en la Ungrd
La Fiscalía General de la Nación inició una diligencia de arraigo para ubicar a los exministros Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior), vinculados al escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Este procedimiento, que suele anteceder a la imputación de cargos, busca confirmar detalles como su domicilio y ciudad de residencia.
La Fiscalía General de la Nación adelanta una diligencia de arraigo contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, quienes están siendo investigados por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Ungrd. Este proceso, que consiste en ubicar a los exfuncionarios y verificar información como su lugar de residencia, generalmente se realiza antes de un llamado a imputación de cargos.
Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, se refirió al caso a través de su cuenta de X, afirmando: “Como lo expresé públicamente, reitero mi disposición para atender los llamados de la justicia. La Fiscalía lo sabe y lo refrendé el 13 de marzo, cuando aporté toda la información sobre mi arraigo y domicilio. Mi compromiso: esclarecer los hechos y la prevalencia de la verdad”.
Además de Bonilla y Velasco, la Fiscalía también está rastreando a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Según fuentes cercanas al caso, González habría salido del país en las últimas semanas con destino a España.
Los nombres de los tres exfuncionarios fueron revelados a las autoridades por Olmedo López, exdirector de la Ungrd, y Sneyder Pinilla, exsubdirector para el Manejo de Desastres de la misma entidad. Aunque su participación en el entramado de corrupción habría sido diferente, todos estarían vinculados a reuniones en las que se habría discutido la entrega de sobornos a congresistas para aprobar proyectos y créditos.
En el caso de Ricardo Bonilla, se investiga su presunta gestión de contratos por más de $92.000 millones en favor de seis congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, con el objetivo de que aprobaran créditos para la Nación. Su exasesora, María Alejandra Benavides, declaró ante la Fiscalía que Bonilla tenía pleno conocimiento de la entrega de convenios y que estos estuvieron a punto de materializarse.
Por su parte, Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, fue señalado por Olmedo López como uno de los determinadores del ilícito negocio. Según el exdirector de la Ungrd, en una reunión en la Casa de Nariño el 27 de noviembre de 2024, Velasco habría dado órdenes para asegurar la aprobación de iniciativas gubernamentales, como la reforma a la salud, “bajo la figura de entrega de dádivas”. Además, se investiga su presunta participación en la gestión de contratos para garantizar la “gobernabilidad” de la Comisión Primera del Congreso.
En cuanto a Carlos Ramón González, los exdirectivos de la Ungrd lo acusan de haber gestionado, junto a la exconsejera presidencial Sandra Ortiz, la entrega de un soborno de 3.000 millones al entonces presidente del Senado, Ivan Name. También se investiga una coima de 1.000 millones que habría sido entregada por Sneyder Pinilla en la casa del expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, en Montería.
Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, se refirió al caso a través de su cuenta de X, afirmando: “Como lo expresé públicamente, reitero mi disposición para atender los llamados de la justicia. La Fiscalía lo sabe y lo refrendé el 13 de marzo, cuando aporté toda la información sobre mi arraigo y domicilio. Mi compromiso: esclarecer los hechos y la prevalencia de la verdad”.
Además de Bonilla y Velasco, la Fiscalía también está rastreando a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Según fuentes cercanas al caso, González habría salido del país en las últimas semanas con destino a España.
Los nombres de los tres exfuncionarios fueron revelados a las autoridades por Olmedo López, exdirector de la Ungrd, y Sneyder Pinilla, exsubdirector para el Manejo de Desastres de la misma entidad. Aunque su participación en el entramado de corrupción habría sido diferente, todos estarían vinculados a reuniones en las que se habría discutido la entrega de sobornos a congresistas para aprobar proyectos y créditos.
En el caso de Ricardo Bonilla, se investiga su presunta gestión de contratos por más de $92.000 millones en favor de seis congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, con el objetivo de que aprobaran créditos para la Nación. Su exasesora, María Alejandra Benavides, declaró ante la Fiscalía que Bonilla tenía pleno conocimiento de la entrega de convenios y que estos estuvieron a punto de materializarse.
Por su parte, Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, fue señalado por Olmedo López como uno de los determinadores del ilícito negocio. Según el exdirector de la Ungrd, en una reunión en la Casa de Nariño el 27 de noviembre de 2024, Velasco habría dado órdenes para asegurar la aprobación de iniciativas gubernamentales, como la reforma a la salud, “bajo la figura de entrega de dádivas”. Además, se investiga su presunta participación en la gestión de contratos para garantizar la “gobernabilidad” de la Comisión Primera del Congreso.
En cuanto a Carlos Ramón González, los exdirectivos de la Ungrd lo acusan de haber gestionado, junto a la exconsejera presidencial Sandra Ortiz, la entrega de un soborno de 3.000 millones al entonces presidente del Senado, Ivan Name. También se investiga una coima de 1.000 millones que habría sido entregada por Sneyder Pinilla en la casa del expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, en Montería.
