Fiscalía acusa a exgobernador de Santander Mauricio Aguilar por contrato de colegio en Suaita
Un contrato por COP 15.280 millones para construir un colegio agrícola en Suaita (Santander) llevó a la Fiscalía a acusar ante la Corte Suprema al exgobernador Nerthink Mauricio Aguilar Hurtado.
Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia acusó formalmente al exgobernador de Santander Nerthink Mauricio Aguilar Hurtado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. Según la Fiscalía, hubo presuntas irregularidades en la planeación, la contratación y la ejecución de un colegio con énfasis agrícola en Suaita, financiado con recursos de regalías.
De acuerdo con el ente acusador, los hechos se remontan a 2021, cuando Aguilar Hurtado habría ordenado comprar un lote por COP 551 millones para levantar la institución. La Fiscalía sostiene que la decisión se tomó aunque un arquitecto de la Secretaría de Infraestructura había advertido sobre las limitaciones del terreno: fuentes hídricas, bosque nativo y una servidumbre de redes eléctricas con vigencia de 30 años.
Según la investigación, el 7 de diciembre de 2022 el secretario de Infraestructura firmó el contrato por delegación directa del entonces gobernador. El valor pactado fue de COP 15.280 millones. La Fiscalía afirma que se firmó sin estudios y diseños completos ni licencias ambientales, y que el presupuesto no cubría todas las obras.
Las cláusulas del contrato establecían que el contratista debía verificar la viabilidad del predio y asumir los costos asociados, según lo expuesto por el ente investigador.
En octubre de 2023, de acuerdo con la Fiscalía, el contratista pidió una adición de COP 6.500 millones por falta de recursos, y esta fue aprobada. Con el primer desembolso, de COP 3.339 millones, se compró el lote, se hicieron trabajos preliminares y se adelantaron movimientos de tierra.
En febrero de 2024 la obra fue suspendida. Según la investigación, lo construido tendría que ser demolido por razones ambientales.
La Fiscalía también indicó que la planeación no habría previsto los recursos para la planta docente del nuevo colegio ni habría verificado que existieran estudiantes para ocupar las aulas. Agregó que la obra, al parecer, no era necesaria para la comunidad, pues ya funcionaba allí una institución educativa con 10 sedes en distintas veredas.
Según fuentes de la Fiscalía, las presuntas irregularidades habrían causado un detrimento patrimonial de COP 3.339 millones.
La acusación es una etapa del proceso penal y no equivale a una condena. Aguilar Hurtado mantiene la presunción de inocencia mientras no haya una decisión judicial en firme. No se conoce un pronunciamiento de su defensa.
