Excomandantes de las Farc, a responder por crímenes de guerra

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a 11 antiguos comandantes de las extintas Farc por presunta responsabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por los bloques Magdalena Medio y Caribe. La decisión, adoptada en el marco del Caso 10, busca esclarecer graves hechos del conflicto armado y responder a los relatos de 733 víctimas, entre ellas campesinos, docentes, líderes sociales, políticos, integrantes de comunidades religiosas y miembros de la Fuerza Pública.

Entre los señalados como máximos responsables se encuentran Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’, y Lisandro Alape Lascarro, alias ‘Pastor Alape’, quienes hicieron parte del antiguo secretariado de la guerrilla. Por el Bloque Magdalena Medio fueron imputados Erasmo Traslaviña Benavides, ‘Jimmy Guerrero’; Pedro Trujillo Hernández, ‘Alberto Cancharina’, y Jairo Reinaldo Cala Suárez, ‘Jairo Quintero’ o ‘Jairo Mechas’. Por el Bloque Caribe aparecen Abelardo Caicedo, ‘Solís Almeida’; Osmany Landero, ‘Hernando González’; Gilberto Giraldo, ‘Aldemar Altamiranda’; Luis Cuadras, ‘Leonardo Muñoz’; Uriel Oviedo, ‘Manuel Ortiz’ o ‘Mañe’, y Héctor Hernández, ‘Fabio Borges’.

La investigación documentó hechos de especial gravedad, entre ellos el ataque con un ‘burro bomba’ durante la toma guerrillera de Chalán, en Sucre; la masacre de Río Chiquito y atentados con explosivos en ciudades como Maicao, Barrancabermeja y Barranquilla. La JEP identificó patrones de violencia relacionados con el control social y territorial, que incluyeron homicidios, desplazamientos forzados, desapariciones, torturas, violencia sexual y ataques contra la población civil y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario.

Los delitos atribuidos incluyen homicidio, asesinato, desplazamiento forzado, traslado forzoso de población, desaparición, tortura, tratos crueles, violación y violencia sexual, además de ataques contra civiles, hospitales, escuelas e iglesias. La jurisdicción señaló que se trata de conductas no amnistiables por su gravedad. Según los datos recogidos en la investigación, más del 95 % de los procesos ordinarios relacionados con estos crímenes no habían llegado a juicio y más del 72 % permanecían en indagación preliminar.

Los 11 comparecientes tienen plazo hasta el 8 de diciembre de 2026 para reconocer los hechos y su responsabilidad o rechazarlos. Si aceptan y cumplen sus compromisos de verdad, podrán avanzar hacia sanciones propias de carácter restaurativo, que no contemplan prisión ordinaria, pero sí restricciones efectivas de derechos y obligaciones reparadoras. Si rechazan la imputación, sus casos pasarán a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP y podrían enfrentar un juicio con penas de hasta 20 años de cárcel.