Exalcaldes y contratistas deberán pagar millones por irregularidades en el velódromo
<p>La Contraloría encontró irregularidades en la construcción del velódromo del Valle de Laboyos por un valor de $3.437 millones.</p>
Según el fallo del ente de control, por irregularidades en la construcción del velodromo del valle de laboyos, de $3.437 millones, $1.792 millones deberán ser cancelados por los exalcaldes Pedro Martín Silva y Miguel Antonio Rico, la supervisora del contrato Olga Lucía Acosta, el contratista y el interventor mientas que $1.645 millones estarán a cargo de las aseguradoras.
El complejo fue diseñado en el año 2013 como un centro deportivo de alto rendimiento para la práctica del ciclismo olímpico. En septiembre de ese año, el alcalde Pedro Martín Silva presentó el proyecto por un valor de $ 4.712 millones, la obra sería financiada en su mayoría con recursos de regalías, fue avalado por el Departamento Nacional de Planeación y Coldeportes.
El contrato fue adjudicado en julio de 2014 al Consorcio CFM N, representado por Carlos Eduardo García Trujillo, quien tenía el 65% de la participación accionaria y Carlos Fernando Medina Noreña con el 35% restante, el plazo de ejecución era de seis meses y la interventoría fue adjudicada a la firma Ingenieros Consultores y Constructores Arg S. A. S., por un valor de $ 235 millones.
En los diseños no se incluyeron red eléctrica interna, graderías, camerinos, redes de acueducto ni alcantarillado, por consiguiente, el valor estimado de la obra aumentó a $ 5682,71 millones, es decir, casi mil millones de pesos más. Pasó el tiempo y en el año 2019, el alcalde Miguel Antonio Rico quiso terminar la obra y adjudicó otro contrato por $ 2.200 millones al Consorcio Velódromo 2019, el contratista tenía un plazo de seis meses para terminar el escenario deportivo: tampoco cumplieron
La contraloría estimó que las razones que provocaron las demoras en la terminación del complejo deportivo fue por la falta de planeación en el proceso pre contractual. Los estudios técnicos fueron insuficientes y pocos rigurosos. Según el ente de control, la interventoría tampoco cumplió con su trabajo. Adicionalmente, los estudios y diseños estructurales, sanitarios, hidráulico y eléctricos registraron serías falencias que impidieron agilizar las obras y lo peor, los costos se incrementaron.
Solo hasta octubre del 2022, bajo la administración de de Edgar Muñoz y con recursos propios que alcanzaron los mil millones de pesos se pudo entregar el complejo deportivo al servicio de los laboyanos.
Fuente: La Última
