Estado ofrecerá excusas públicas a Hollman Morris por persecución del extinto DAS
El Gobierno de Gustavo Petro ofrecerá excusas públicas al periodista Hollman Morris y a su familia por la persecución, amenazas y seguimientos ilegales que sufrieron entre 2004 y 2009 por parte del extinto DAS, como parte de un acuerdo de reparación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro realizará este 15 de julio un acto oficial de reconocimiento de responsabilidad internacional y ofrecerá excusas públicas al periodista Hollman Morris y a su familia por las amenazas, hostigamientos, seguimientos ilegales, persecución y estigmatización de las que fueron víctimas entre 2004 y 2009, hechos atribuidos al extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
La ceremonia se llevará a cabo en el Salón Bolívar de la Casa de Nariño y hace parte del Acuerdo de Solución Amistosa alcanzado entre el Estado colombiano y Morris ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dentro del expediente 13.014, evitando que el caso avanzara hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El reconocimiento también cobija a Patricia Casas, esposa del periodista, y a sus hijos Daniela Morris Casas y Felipe Morris Casas, quienes también fueron afectados por los hechos denunciados.
El expediente documenta una serie de episodios ocurridos entre 2004 y 2009. Entre ellos, llamadas amenazantes contra Patricia Casas, la retención de Morris por integrantes de la fuerza pública mientras realizaba labores periodísticas cerca del río Putumayo y la confiscación de su material de trabajo. En 2005, luego de que el programa Contravía emitiera investigaciones sobre la negociación del Gobierno con grupos paramilitares y la participación de integrantes de la Fuerza Pública en la masacre de San José de Apartadó, el periodista recibió un ramo de flores fúnebres con un mensaje de condolencias dirigido a su familia.
Posteriormente, Morris y su familia abandonaron temporalmente el país tras nuevas amenazas. Según el expediente, el periodista también fue señalado públicamente como terrorista y vinculado con las extintas Farc, mientras que en 2007 recibió un correo atribuido a un grupo paramilitar en el que se hacía referencia a un ataúd como amenaza contra su vida.
La CIDH admitió el caso en 2015 al considerar que existían elementos suficientes para investigar posibles violaciones a la libertad de expresión y a los derechos humanos. El acto de este martes constituye una de las principales medidas de reparación asumidas por el Estado colombiano dentro del acuerdo alcanzado con el periodista y su familia.