Entra en vigor la reducción de la jornada laboral a 42 horas: conozca a quiénes aplica
Desde este 15 de julio entró en vigencia la jornada laboral máxima de 42 horas semanales en Colombia, como parte de la implementación de la Ley 2101 de 2021, sin afectar el salario ni las prestaciones sociales de los trabajadores.
A partir de este 15 de julio comenzó a regir en Colombia la última fase de la Ley 2101 de 2021, que reduce la jornada laboral máxima de 46 a 42 horas semanales, manteniendo intactos el salario y las prestaciones sociales de los empleados.
La medida beneficia a la mayoría de trabajadores vinculados mediante contrato laboral, pero no cobija a todos. Quedan excluidos, entre otros, los trabajadores de dirección, confianza y manejo, algunos empleados del sector de vigilancia con regímenes especiales, quienes desempeñan labores de riesgo o insalubridad sujetas a normas específicas y las personas que trabajan mediante contratos de prestación de servicios, debido a que no tienen una jornada laboral legalmente establecida.
Tras la entrada en vigor de la reducción, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, destacó que se trata de un avance hacia mejores condiciones laborales. “A partir de hoy damos un paso más hacia el trabajo digno en Colombia. Con el liderazgo del presidente Gustavo Petro avanzamos en la implementación de la Reforma Laboral; la jornada máxima se reduce a 42 horas semanales”. Además, aseguró que “la productividad no depende de jornadas extensas, sino de mejores condiciones para las y los trabajadores” y afirmó que el Gobierno continuará impulsando medidas para que “el tiempo también sea un derecho”.
Contexto económico: empleo y salarios
La reducción de la jornada laboral entra en vigencia en un contexto de fortalecimiento del mercado laboral colombiano. De acuerdo con los datos más recientes del DANE, la tasa de desempleo nacional se ubicó en 7,8 % en junio de 2026, una disminución frente al 8,6 % registrado en junio de 2025, consolidándose como uno de los mejores resultados para ese mes en las últimas décadas. Además, el país alcanzó un nuevo máximo histórico de personas ocupadas, lo que ha sido destacado por el Gobierno como una muestra de la solidez del mercado laboral.
Estos resultados han sido utilizados por el Ministerio del Trabajo para respaldar la implementación de la jornada máxima de 42 horas semanales. El ministro Antonio Sanguino sostuvo que la reducción del tiempo de trabajo y el aumento del salario mínimo vital, no ha frenado la generación de empleo y afirmó que el crecimiento de la productividad debe sustentarse en mejores condiciones laborales y no en jornadas más extensas, argumento con el que el Gobierno defiende tanto la disminución de las horas de trabajo como las recientes reformas laborales.
En materia salarial, durante los últimos cuatro años el salario mínimo ha mantenido incrementos consecutivos. En 2023 pasó de $1.000.000 a $1.160.000, un aumento del 16 %; en 2024 subió de $1.160.000 a $1.300.000, equivalente al 12,07 %; en 2025 aumentó de $1.300.000 a $1.423.500, con un incremento del 9,5 %; y para 2026 fue fijado en $1.750.905, es decir, $327.405 más que el año anterior, lo que representó un incremento del 23 %. A estos aumentos se suma ahora la reducción definitiva de la jornada laboral a 42 horas semanales, sin disminución del salario ni de las prestaciones sociales.
La medida beneficia a la mayoría de trabajadores vinculados mediante contrato laboral, pero no cobija a todos. Quedan excluidos, entre otros, los trabajadores de dirección, confianza y manejo, algunos empleados del sector de vigilancia con regímenes especiales, quienes desempeñan labores de riesgo o insalubridad sujetas a normas específicas y las personas que trabajan mediante contratos de prestación de servicios, debido a que no tienen una jornada laboral legalmente establecida.
Tras la entrada en vigor de la reducción, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, destacó que se trata de un avance hacia mejores condiciones laborales. “A partir de hoy damos un paso más hacia el trabajo digno en Colombia. Con el liderazgo del presidente Gustavo Petro avanzamos en la implementación de la Reforma Laboral; la jornada máxima se reduce a 42 horas semanales”. Además, aseguró que “la productividad no depende de jornadas extensas, sino de mejores condiciones para las y los trabajadores” y afirmó que el Gobierno continuará impulsando medidas para que “el tiempo también sea un derecho”.
Contexto económico: empleo y salarios
La reducción de la jornada laboral entra en vigencia en un contexto de fortalecimiento del mercado laboral colombiano. De acuerdo con los datos más recientes del DANE, la tasa de desempleo nacional se ubicó en 7,8 % en junio de 2026, una disminución frente al 8,6 % registrado en junio de 2025, consolidándose como uno de los mejores resultados para ese mes en las últimas décadas. Además, el país alcanzó un nuevo máximo histórico de personas ocupadas, lo que ha sido destacado por el Gobierno como una muestra de la solidez del mercado laboral.
Estos resultados han sido utilizados por el Ministerio del Trabajo para respaldar la implementación de la jornada máxima de 42 horas semanales. El ministro Antonio Sanguino sostuvo que la reducción del tiempo de trabajo y el aumento del salario mínimo vital, no ha frenado la generación de empleo y afirmó que el crecimiento de la productividad debe sustentarse en mejores condiciones laborales y no en jornadas más extensas, argumento con el que el Gobierno defiende tanto la disminución de las horas de trabajo como las recientes reformas laborales.
En materia salarial, durante los últimos cuatro años el salario mínimo ha mantenido incrementos consecutivos. En 2023 pasó de $1.000.000 a $1.160.000, un aumento del 16 %; en 2024 subió de $1.160.000 a $1.300.000, equivalente al 12,07 %; en 2025 aumentó de $1.300.000 a $1.423.500, con un incremento del 9,5 %; y para 2026 fue fijado en $1.750.905, es decir, $327.405 más que el año anterior, lo que representó un incremento del 23 %. A estos aumentos se suma ahora la reducción definitiva de la jornada laboral a 42 horas semanales, sin disminución del salario ni de las prestaciones sociales.
