Entes de control y su informe de seguimiento a la Ley de Víctimas
El informe sostiene que las víctimas no han superado su condición de vulnerabilidad.
La Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y los representantes de la Mesa Nacional de Víctimas, destacaron en su Undécimo Informe de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Victimas que el modelo de reparación colectiva continúa presentando serios rezagos en la implementación de la ruta de atención y en el cumplimiento de los planes integrales establecidos para lograr ese fin.
El informe señala, que los recursos destinados a la Política Pública de Víctimas continúan siendo insuficientes para la asistencia, atención y reparación integral de las 9.737.008 de víctimas registradas, en especial en la generación de ingresos, acceso a tierras, vivienda, salud y educación.
Desde la entrada en vigor de la Ley 1448 de 2011 se han indemnizado 1.368.269 víctimas, cifra que corresponde al 14 % de las 9.409.808 víctimas que son objeto de indemnización.
Los cálculos realizados estiman que se requieren $ 303,9 billones constantes de 2024 para cumplir con las medidas de asistencia, atención y reparación integral contempladas en la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas) entre 2024 y 2031.
Dentro de los recursos requeridos para la asistencia, atención y reparación integral de la población víctima, se destacan: vivienda con $118 billones, indemnización individual y colectiva con $83,6 billones, generación de ingresos con $36,8 billones, subsistencia mínima con $12,9 billones y educación superior con $7,1 billones.
Así mismo, la Comisión ha hecho seguimiento a los avances y retos en los procesos de diálogo y negociación que adelanta el Gobierno con estructuras armadas ilegales, que no han sido homogéneos, lo que ha generado impactos humanitarios en cada territorio y afectaciones a derechos de la población civil.
Entre las principales consecuencias se destacan el endurecimiento de las pautas de control poblacional y territorial sobre las comunidades; aumento de la extorsión, secuestro y del reclutamiento forzado.
