Entes de control atentos de la acción gubernamental en el Catatumbo

Jorge Camilo Puentes

Entes de control atentos de la acción gubernamental en el Catatumbo

Las instituciones bajo monitoreo incluyen los ministerios de Hacienda, Defensa, Agricultura, Vivienda, Medio Ambiente y Minas, además de las administraciones territoriales.

La Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República anunciaron un seguimiento especial a la ejecución de los decretos y el manejo de recursos en el estado de conmoción interior decretado el 24 de enero de 2025 en la región del Catatumbo. La medida, que se extenderá por 90 días, involucra 19 municipios y dos resguardos indígenas.


Ambos órganos de control implementarán un sistema de vigilancia en tiempo real con apoyo en tecnologías de información para garantizar la transparencia en la ejecución de medidas excepcionales. La Contraloría, a través de la DIARI y sus delegadas sectoriales, supervisa el uso de recursos del Sistema General de Regalías, el Sistema General de Participaciones y el Presupuesto General de la Nación.


Los modelos de análisis aplicados incluyen georreferenciación de municipios afectados, control de contratación y seguimiento a la cadena presupuestal, permitiendo identificar riesgos en la asignación de fondos. Paralelamente, la Procuraduría activó comisiones nacionales y territoriales para atender la crisis humanitaria, recogiendo declaraciones de desplazados y supervisando la atención en salud, educación y albergues.


El Procurador General expidió la Resolución 20 del 31 de enero de 2025, creando una comisión especial de seguimiento a las acciones de conmoción interior, liderada por la delegada de derechos humanos. Esta comisión coordina mesas técnicas con entidades nacionales para evaluar el impacto de las medidas adoptadas.


Las instituciones bajo monitoreo incluyen los ministerios de Hacienda, Defensa, Agricultura, Vivienda, Medio Ambiente y Minas, además de las administraciones territoriales. Los resultados del seguimiento serán presentados a la comisión accidental de la Cámara y a la sociedad civil, garantizando la rendición de cuentas.

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