El DIH según quién esté en la Casa de Nariño

Hay una escena que se repite en Colombia con la puntualidad de un metrónomo: un bombardeo, unos menores reclutados que aparecen entre los muertos, y una clase política que reacciona no según el hecho, sino según quién ocupa la Casa de Nariño. Lo vengo confirmando con los mismos hechos, uno detrás de otro, y ya no me queda espacio para la duda: la indignación selectiva de la derecha colombiana frente a los niños muertos en bombardeos militares no es una posición ética, es una estrategia política que se enciende y se apaga según convenga.

Lo vi con total claridad en noviembre pasado. Cuando el gobierno de Gustavo Petro reanudó los bombardeos contra las disidencias de alias Iván Mordisco y murieron menores reclutados, la reacción de sectores de derecha fue inmediata y feroz. La representante Lina María Garrido no se guardó nada: le dijo a Petro que era "mil veces maldito" por permitir los escenarios donde los niños terminan reclutados, y le recordó que ella misma lo había denunciado "muchas veces" en control político. Otros congresistas se sumaron a una moción de censura contra el entonces ministro de Defensa, argumentando que el Gobierno estaba violando el Derecho Internacional Humanitario. El propio Petro tuvo que salir a defenderse en público, explicando que no se trataba de "niños que pasaban por ahí" sino de menores entrenados y armados, un argumento que, dicho sea de paso, no lo eximió de una lluvia de críticas que duró semanas.

Y no fue solo indignación puntual: se convirtió en material de campaña. Vicky Dávila, ya como candidata presidencial, sacó la cifra de 18.677 niños reclutados, violados y asesinados históricamente por las FARC, y con ella construyó un señalamiento directo contra Petro e Iván Cepeda, a quienes acusó de indignarse por Gaza o por Irán mientras, según ella, les resultaban indiferentes los niños colombianos. Fue un golpe efectivo, cargado de razón en el fondo, porque el reclutamiento infantil en Colombia es una tragedia real y documentada que merece toda la atención posible. El problema no es la cifra. El problema es para qué se usó.

Porque ahora, con Abelardo de la Espriella en el poder, tenemos el mismo guion con los nombres cambiados. La Operación Amón, ejecutada el 27 de agosto contra disidencias del bloque de alias Calarcá en El Retorno, Guaviare, dejó diez muertos, y Medicina Legal confirmó que tres de ellos eran menores de edad. ¿Y la respuesta de quienes hace unos meses hablaban de infiernos y de mil veces malditos? Silencio, o algo peor: respaldo explícito. El propio presidente escribió que tenía "todo mi respaldo a las operaciones militares", y su Ministerio de Defensa salió a asegurar que el operativo cumplió con todos los estándares legales. Las críticas por posible violación al DIH ya no vienen de la derecha que antes se rasgaba las vestiduras, sino de congresistas de izquierda como Cathy Juvinao y María Fernanda Carrascal, que hoy ocupan el lugar que ayer ocupaban sus opositores.

No necesito inventar nada para señalar esta hipocresía, los hechos ya la exhiben solos: la misma acción militar, el mismo resultado trágico, la misma cifra de menores muertos, y una reacción política que depende exclusivamente de a quién le tocó firmar la orden. Cuando el bombardeado era Petro, los niños reclutados eran la prueba irrefutable de un Gobierno criminal. Cuando el que bombardea es de los suyos, los niños reclutados se convierten en "combatientes instrumentalizados" y el operativo pasa a ser un "golpe contundente" digno de aplauso.

Y no voy a hacer trampa yo tampoco: sería fácil quedarme solo con la hipocresía de la derecha y no decir que Petro hizo exactamente lo mismo en sentido contrario, criticando los bombardeos con menores cuando era opositor y defendiéndolos sin matices cuando le tocó ordenarlos. La diferencia es que a él ya lo señalamos por eso en su momento, con la misma dureza. Lo que no puedo aceptar es que ese mismo estándar no se le aplique hoy a quienes, apenas unos meses atrás, hicieron de esos niños muertos el centro de una campaña presidencial, y que ahora, con el poder en sus manos, prefieran hablar de estándares legales antes que de infiernos.

Si la muerte de un menor reclutado en combate es una tragedia y una posible violación al DIH cuando el presidente se llama Gustavo Petro, tiene que serlo exactamente igual cuando se llama Abelardo de la Espriella. Cualquier otra postura no es defensa de los niños. Es cálculo político disfrazado de indignación, y a esa altura del cinismo, con la cantidad de menores muertos que lleva este país, ya no deberíamos estar dispuestos a tragárnosla sin más.