“El CONTROL SOCIAL IMPOTENTE: LA LEY 850 CONVIERTE A LOS VEEDORES EN ESPECTADORES DE LA CORRUPCIÓN”
NEIVA, 26 DE OCTUBRE 2025
POR: ULPIANO MANRIQUE PLATA
AMIGOS Y AMIGAS
Han pasado más de veinte años desde que la Ley 850 de 2003 reconoció a las veedurías ciudadanas como mecanismos democráticos para vigilar la gestión pública. Sin embargo, la experiencia demuestra que, pese a su potencial, estas organizaciones continúan siendo observadoras sin poder real de decisión, limitadas por un marco jurídico que no les permite detener la corrupción ni proteger eficazmente el patrimonio público.
El análisis derivado del trabajo investigativo que realizamos, concluimos que el marco jurídico vigente —en particular la Ley 850 de 2003— otorga a las veedurías ciudadanas un papel meramente consultivo y no decisorio, lo cual limita de manera sustancial su eficacia en la protección del patrimonio público. Si bien las normas reconocen el derecho a vigilar, denunciar y solicitar información, no les confieren facultades jurídicas vinculantes que les permitan impedir la continuidad de actuaciones administrativas lesivas al interés general o detener, de manera oportuna, el uso indebido de los recursos públicos. En consecuencia, los veedores nos vemos reducidos a emitir recomendaciones que, en la mayoría de los casos, carecen de respuesta efectiva por parte de las entidades responsables, mientras el erario continúa siendo objeto de despilfarro, ineficiencia o corrupción.
Esta situación configura una falla estructural del sistema de control social, pues convierte al veedor en un actor sin herramientas materiales de intervención, debilitando el principio de participación democrática consagrado en los artículos 2, 40 y 270 de la Constitución Política. De ahí la necesidad imperiosa de reformar el régimen legal de las veedurías para dotarlas de capacidad jurídica real, mecanismos de acción preventiva y correctiva, y legitimación procesal que les permita actuar como garantes efectivos del interés público y no como simples observadores sin poder de decisión.
El caso ESAP Neiva: una muestra de impotencia institucional
El abandono de la construcción de la sede de la Territorial de Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) en Neiva es un ejemplo real. Veedores denunciaron, convocaron mesas de diálogo y acompañaron a la comunidad. ¿Resultado? El proyecto sigue detenido y las decisiones continúan en manos de entidades estatales que escuchan, pero no actúan.
Colombia no puede seguir conformándose con un control social simbólico. La democracia participativa exige que los ciudadanos no solo vigilen, sino que también tengan la capacidad de actuar cuando se pone en riesgo el interés general. Por ello, reformar la Ley 850 de 2003 se convierte en una tarea urgente para que las veedurías ciudadanas dejen de ser simples espectadoras y se transformen en verdaderas garantes del patrimonio público. En este sentido, proponemos que las veedurías del país impulsen, de manera articulada, la presentación ante el Congreso de la República de un proyecto de ley concertado, que democratice, fortalezca y haga más eficiente el ejercicio del control ciudadano. Muchas gracias Buen día
