Destitución de Álvaro Leyva: Procuraduría sanciona al exministro por licitación de pasaportes
El Ente de control comprobó que el excanciller violó los principios de la contratación estatal al declarar desierta la licitación pública para la emisión de pasaportes.
En un fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación sancionó al exministro Álvaro Leyva Durán con destitución e inhabilidad por diez años, al comprobar que el exfuncionario incumplió los principios de la contratación estatal al declarar desierta una licitación clave para el proceso de pasaportes en Colombia.
La Sala Disciplinaria determinó que la decisión de Leyva no estaba fundamentada en la selección objetiva requerida en estos procesos y que el exministro no tenía base legal para anular la licitación pública, ya que el único oferente cumplía con todos los requisitos del contrato.
La Procuraduría encontró que Leyva declaró desierta la licitación debido a la participación de un único oferente, lo cual, según el organismo, no justificaba la cancelación del proceso, especialmente al tratarse de un tema de relevancia pública. Esta decisión fue catalogada como falta gravísima y atribuida al exministro en calidad de dolo.
La entidad destacó que el exministro desconoció los principios de transparencia, economía y responsabilidad que deben regir cualquier proceso de contratación pública en el país, actuando con intención en su incumplimiento de estas normas.
A pesar de la sanción, la Procuraduría absolvió a Leyva de cualquier responsabilidad por declarar la urgencia manifiesta ante la fallida licitación. Este fallo puede ser apelado ante la Procuradora General, quien tiene la última decisión en el caso.
La Sala Disciplinaria determinó que la decisión de Leyva no estaba fundamentada en la selección objetiva requerida en estos procesos y que el exministro no tenía base legal para anular la licitación pública, ya que el único oferente cumplía con todos los requisitos del contrato.
La Procuraduría encontró que Leyva declaró desierta la licitación debido a la participación de un único oferente, lo cual, según el organismo, no justificaba la cancelación del proceso, especialmente al tratarse de un tema de relevancia pública. Esta decisión fue catalogada como falta gravísima y atribuida al exministro en calidad de dolo.
La entidad destacó que el exministro desconoció los principios de transparencia, economía y responsabilidad que deben regir cualquier proceso de contratación pública en el país, actuando con intención en su incumplimiento de estas normas.
A pesar de la sanción, la Procuraduría absolvió a Leyva de cualquier responsabilidad por declarar la urgencia manifiesta ante la fallida licitación. Este fallo puede ser apelado ante la Procuradora General, quien tiene la última decisión en el caso.
