DESTAPAR LAS CARTAS DE LOS TAHÚRES EN LA USCO
“La ciencia es la dignidad de la universidad, su alma, el principio que la nutre e impide que sea sólo un vil mecanismo”. Simón Younes Jerez.
Recursos, recusaciones, transacciones y especulaciones son algunas de las prácticas que se han instalado en la memoria de la ciudadanía huilense cuando se habla sobre el juego de tahúres que pareciera ser el proceso de designación de Rector en la Universidad Surcolombiana.
El pasado viernes, 7 de marzo, se llevó a cabo la sesión del Consejo Superior Universitario en la cual se decidió el listado definitivo de aspirantes a conformar la terna de candidatos que disputarán –a través de una consulta estamentaria-, la elección del próximo Rector(a) para el período 2025-2029.
Los aspirantes habilitados son los abogados Abelardo Poveda y Alfredo Vargas, la licenciada en Ciencias de la Educación Zully Cuellar, el administrador de empresas Alexander Quintero, el médico Pedro Reyes, el biólogo Rubén Valbuena, el ingeniero industrial Alfonso Manrique y el economista Alfonso Albarracín.
Según lo previsto por el cronograma, el Consejo Superior se reunirá durante el viernes 14 y sábado 15 de marzo para escuchar las propuestas programáticas de los aspirantes, y al finalizar la sesión, decidirá la terna que se someterá al escrutinio de los estudiantes, docentes y graduados el 24 de abril. Esta sesión la podremos ver públicamente en la página de Facebook de la Universidad Surcolombiana.
Ahora, luego de ser subsanadas las apelaciones jurídicas interpuestas hasta el momento, el debate político dentro de la universidad debe realzarse. Por tanto, considero que el devenir del proceso de designación de Rector tiene que trascender de la judicialización a la politización. Cuando me refiero a la politización, apunto a que la Universidad debe aplicar el principio de la autonomía universitaria como concepto político, el cual le confiere vida política propia con el fin de organizarse libremente.
A partir de lo anterior, la conducción del proceso empezaría a motivarse hacia la discusión de las posturas, experiencias, proyectos, prácticas, intereses, ideas, saberes y conocimientos, de los aspirantes a la Rectoría y de la comunidad académica, a través del debate argumentado, para que den cuenta de las propuestas con las cuales se comprometen, conjuntamente, a fin de llevar a cabo con mayor ímpetu y garantías las funciones misionales de la universidad (docencia, investigación y extensión), sin servilismos externos y de cara a la sociedad. Ese se convertiría en el principal criterio para elegir la terna.
Hasta ahora, pocas iniciativas han impulsado este planteamiento, salvo contadas excepciones, como la realización del foro con los aspirantes convocado por los sindicatos y agremiaciones de profesores y trabajadores el pasado 19 de febrero.
Sin embargo, por otro lado, me llamó la atención la citación que realizó el Gobierno Nacional, a través de los representantes del Ministerio de Educación y de la Presidencia de la República, a una sesión extraordinaria del Consejo Superior para el miércoles, 12 de marzo con el propósito de modificar el numeral 1 del artículo 9 del Estatuto Electoral (Acuerdo 031 de 2004), el cual establece que para la integración de la terna, “el voto de cada uno de los miembros (del Consejo Superior) será secreto”.
La propuesta del Gobierno Nacional es que la votación de la terna sea pública. Por lo menos, eso permitiría que los tahúres jueguen con las cartas destapadas, lo cual generaría mayor transparencia y legitimidad a este proceso que siempre crea escepticismo en la comunidad universitaria. Estoy seguro de que la generalidad de la ciudadanía huilense apoyaría esta propuesta e instaría a que los demás consejeros se sumen a la iniciativa.
Recursos, recusaciones, transacciones y especulaciones son algunas de las prácticas que se han instalado en la memoria de la ciudadanía huilense cuando se habla sobre el juego de tahúres que pareciera ser el proceso de designación de Rector en la Universidad Surcolombiana.
El pasado viernes, 7 de marzo, se llevó a cabo la sesión del Consejo Superior Universitario en la cual se decidió el listado definitivo de aspirantes a conformar la terna de candidatos que disputarán –a través de una consulta estamentaria-, la elección del próximo Rector(a) para el período 2025-2029.
Los aspirantes habilitados son los abogados Abelardo Poveda y Alfredo Vargas, la licenciada en Ciencias de la Educación Zully Cuellar, el administrador de empresas Alexander Quintero, el médico Pedro Reyes, el biólogo Rubén Valbuena, el ingeniero industrial Alfonso Manrique y el economista Alfonso Albarracín.
Según lo previsto por el cronograma, el Consejo Superior se reunirá durante el viernes 14 y sábado 15 de marzo para escuchar las propuestas programáticas de los aspirantes, y al finalizar la sesión, decidirá la terna que se someterá al escrutinio de los estudiantes, docentes y graduados el 24 de abril. Esta sesión la podremos ver públicamente en la página de Facebook de la Universidad Surcolombiana.
Ahora, luego de ser subsanadas las apelaciones jurídicas interpuestas hasta el momento, el debate político dentro de la universidad debe realzarse. Por tanto, considero que el devenir del proceso de designación de Rector tiene que trascender de la judicialización a la politización. Cuando me refiero a la politización, apunto a que la Universidad debe aplicar el principio de la autonomía universitaria como concepto político, el cual le confiere vida política propia con el fin de organizarse libremente.
A partir de lo anterior, la conducción del proceso empezaría a motivarse hacia la discusión de las posturas, experiencias, proyectos, prácticas, intereses, ideas, saberes y conocimientos, de los aspirantes a la Rectoría y de la comunidad académica, a través del debate argumentado, para que den cuenta de las propuestas con las cuales se comprometen, conjuntamente, a fin de llevar a cabo con mayor ímpetu y garantías las funciones misionales de la universidad (docencia, investigación y extensión), sin servilismos externos y de cara a la sociedad. Ese se convertiría en el principal criterio para elegir la terna.
Hasta ahora, pocas iniciativas han impulsado este planteamiento, salvo contadas excepciones, como la realización del foro con los aspirantes convocado por los sindicatos y agremiaciones de profesores y trabajadores el pasado 19 de febrero.
Sin embargo, por otro lado, me llamó la atención la citación que realizó el Gobierno Nacional, a través de los representantes del Ministerio de Educación y de la Presidencia de la República, a una sesión extraordinaria del Consejo Superior para el miércoles, 12 de marzo con el propósito de modificar el numeral 1 del artículo 9 del Estatuto Electoral (Acuerdo 031 de 2004), el cual establece que para la integración de la terna, “el voto de cada uno de los miembros (del Consejo Superior) será secreto”.
La propuesta del Gobierno Nacional es que la votación de la terna sea pública. Por lo menos, eso permitiría que los tahúres jueguen con las cartas destapadas, lo cual generaría mayor transparencia y legitimidad a este proceso que siempre crea escepticismo en la comunidad universitaria. Estoy seguro de que la generalidad de la ciudadanía huilense apoyaría esta propuesta e instaría a que los demás consejeros se sumen a la iniciativa.
