¡Destapan red de extorsiones desde una cárcel! Cinco funcionarios del INPEC, entre los 17 judicializados
La Fiscalía General de la Nación judicializó a 17 personas, entre ellas cinco dragoneantes del INPEC, señalados de presuntamente facilitar una red de extorsiones que operaba desde la cárcel El Barne, en Cómbita (Boyacá), permitiendo el ingreso de celulares y otros elementos utilizados por internos para intimidar y exigir dinero a ciudadanos en distintas regiones del país.
Una investigación de la Fiscalía General de la Nación dejó al descubierto una presunta red criminal que habría operado desde el establecimiento penitenciario El Barne, en Cómbita (Boyacá), utilizando llamadas telefónicas para extorsionar a ciudadanos de diferentes ciudades del país bajo amenazas de muerte y falsas referencias a grupos armados organizados.
Como resultado de las investigaciones, fueron judicializadas 17 personas, entre ellas cinco dragoneantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), quienes son señalados de, presuntamente, facilitar el ingreso de teléfonos celulares y otros elementos prohibidos al interior del centro carcelario, permitiendo que algunos privados de la libertad continuaran delinquiendo desde prisión.
De acuerdo con la Fiscalía, la organización habría operado entre enero y diciembre de 2025. Los elementos de prueba indican que algunos de los presuntos implicados recopilaban información detallada sobre las víctimas, incluyendo su actividad económica, lugar de residencia y datos familiares. Posteriormente, esa información era entregada a los reclusos, quienes realizaban llamadas extorsivas exigiendo consignaciones y giros de dinero.
Los operativos de captura fueron realizados de manera coordinada con la Policía Nacional en Bogotá y en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Norte de Santander, Santander, Caquetá, Valle del Cauca y Boyacá.
Entre los funcionarios del INPEC judicializados figuran Javier Alexander Hernández Castillo, John Fredy Pineda Rivera, Cristian Mauricio Arcos, Brayan Esteven Salamanca Díaz y Deivis Maryu Forero Gómez, quienes, según la investigación, habrían incumplido sus funciones de vigilancia para permitir el ingreso de los equipos utilizados en las extorsiones.
Un fiscal del Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los 17 procesados el delito de extorsión, cargo que ninguno aceptó.
Por decisión de un juez de control de garantías, el dragoneante Deivis Maryu Forero Gómez deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que los demás continuarán vinculados al proceso judicial.
La Fiscalía indicó que las investigaciones continúan para establecer si existen más personas involucradas en esta presunta estructura criminal que habría convertido un centro penitenciario en una plataforma para cometer extorsiones.
