De la Espriella nombra a Beatriz Vélez como nueva presidenta de Colpensiones, en medio de la crisis por la reforma pensional
El presidente Abelardo de la Espriella designó a Beatriz Eugenia Vélez Vengoechea, abogada sin experiencia en el sector pensional, como nueva presidenta de Colpensiones, dos días después de sacar del cargo a Carlos René Montoya, quien patinó al explicar el nuevo modelo pensional ante el Senado.
Vélez es abogada, magíster en Seguridad Social y en Gestión de Riesgos, y especialista en Instituciones de Seguridad Social y Derecho Laboral. Trabajó en la firma Vélez Trujillo Legal, en Barranquilla, desde 1996, aunque no tiene trayectoria previa en el sector pensional. El mandatario le encomendó "proteger los recursos de los afiliados, garantizar el pago oportuno de las pensiones" y "acabar con la corrupción en la entidad".
Montoya llevaba apenas dos días en el cargo cuando tuvo que defender el presupuesto de la entidad ante el Senado, y patinó en la explicación: intentó ceder la palabra a la gerente de Planeación, pero el secretario de la comisión le recordó que, si no intervenía, la sesión debía declararse informal. Presidencia justificó su salida asegurando que "en este gobierno no hay cargos para aprender sobre la marcha".
El nombramiento se da en medio de la crisis que enfrenta Colpensiones por la reforma pensional. La entidad pidió aplazar un año la entrada en vigencia de la norma, argumentando que necesita hasta el 1 de abril de 2028 para una "transición ordenada, integral y segura", pues la base de cotizantes que administra pasará de tres a casi diez millones de personas, dejará de percibir cerca de $14 billones anuales del Rais y requerirá un aporte de la Nación de $45,4 billones para el próximo año.
Además, el Ministerio de Hacienda pidió a la Corte Constitucional abrir un incidente de impacto fiscal sobre la sentencia que aprobó la mayoría de los artículos de la reforma. La Corte dejó en firme el grueso de la norma y devolvió a la Cámara solo nueve artículos por un problema de trámite, aunque el Gobierno podría intentar tumbar algunos elementos, como el enfoque diferencial para indígenas y campesinos, mediante una contrarreforma.
