Cruce de declaraciones entre Nayib Bukele y Gustavo Petro por sistema carcelario salvadoreño
El presidente Gustavo Petro cuestionó el sistema carcelario de El Salvador y aseguró que podría vulnerar derechos humanos, lo que generó una respuesta de Nayib Bukele, quien defendió su política de seguridad y propuso trasladar a los detenidos a Colombia en medio de la controversia.
Un intercambio de declaraciones sostuvieron los presidentes de El Salvador y Colombia, luego de que Gustavo Petro cuestionara públicamente el modelo penitenciario salvadoreño. A través de sus redes sociales, el mandatario colombiano afirmó que las cárceles de ese país operan como “campos de concentración de población civil”, al señalar que un porcentaje de los detenidos serían personas inocentes.
En respuesta, el presidente Nayib Bukele rechazó las afirmaciones y defendió su política de seguridad. Además, propuso trasladar a Colombia al “100 %” de la población carcelaria salvadoreña, incluidos los denominados presos políticos, argumentando que, de ser cierta la situación descrita por Petro, no debería permanecer ningún detenido en esas condiciones.
El cruce se produce en el contexto del régimen de excepción vigente en El Salvador desde marzo de 2022, implementado para combatir a las pandillas y que ha permitido la captura de más de 91.000 personas, según cifras oficiales. El Gobierno salvadoreño sostiene que esta estrategia ha contribuido a reducir significativamente los homicidios en el país.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han advertido sobre posibles vulneraciones a garantías fundamentales. Informes presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU recogen miles de denuncias por presuntos abusos y reportes de muertes bajo custodia estatal. Pese a estas críticas, el Ejecutivo salvadoreño ha mantenido la medida con el respaldo de su Asamblea Legislativa.
En respuesta, el presidente Nayib Bukele rechazó las afirmaciones y defendió su política de seguridad. Además, propuso trasladar a Colombia al “100 %” de la población carcelaria salvadoreña, incluidos los denominados presos políticos, argumentando que, de ser cierta la situación descrita por Petro, no debería permanecer ningún detenido en esas condiciones.
El cruce se produce en el contexto del régimen de excepción vigente en El Salvador desde marzo de 2022, implementado para combatir a las pandillas y que ha permitido la captura de más de 91.000 personas, según cifras oficiales. El Gobierno salvadoreño sostiene que esta estrategia ha contribuido a reducir significativamente los homicidios en el país.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han advertido sobre posibles vulneraciones a garantías fundamentales. Informes presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU recogen miles de denuncias por presuntos abusos y reportes de muertes bajo custodia estatal. Pese a estas críticas, el Ejecutivo salvadoreño ha mantenido la medida con el respaldo de su Asamblea Legislativa.
