Corte Suprema considera interceptaciones a Uribe y Diego Cadena como pruebas legales
El Servicio Geológico Colombiano explicó el fenómeno e hizo un llamado a la calma
El juicio contra el abogado sancionado Diego Cadena, quien fue representante del expresidente Á,lvaro Uribe, continúa en paralelo al caso Uribe por supuesto soborno a testigos. Entre las decenas de pruebas que se presentarán en su contra, a partir de hoy se obtendrán las interceptaciones telefónicas entre Cadena y Uribe, que la Corte Suprema de Justicia recopiló durante su investigación contra el exmandatario.
El Tribunal Superior de Bogotá seguramente al Juzgado 3 Penal de Conocimiento de Bogotá, encargado del caso de Cadena, que incorpore estas comunicaciones en el expediente. A pesar de que el Código Penal establece que no se pueden interceptar las comunicaciones del defensor de un investigado, en este caso se considera que Cadena no estaba actuando como abogado de Uribe durante las conversaciones. En la investigación de la Corte Suprema, se buscó la complicidad del abogado para supuestamente torcer el testimonio de testigos a favor de Uribe en casos relacionados con el paramilitarismo.
El Tribunal considera que las interceptaciones fueron obtenidas lícitamente y mediante orden judicial, por lo que su inclusión en el proceso de Cadena es necesaria. Es importante recordar que el proceso contra Uribe quedó en manos de la Fiscal.
Con relación a los informes que contienen la transliteración de las interceptaciones, no hay duda de que, habiéndose decretado las respectivas grabaciones, en línea de principio, tales medios serían superfluos. No obstante, siendo más simple, sencillo y ágil tanto la práctica como el manejo y el estudio de las transliteraciones que lo atinente a las grabaciones, para la Sala, razones de celeridad, aconsejan autorizar su incorporación ,, agregó el Tribunal.
Cadena está en libertad desde julio del año pasado por vencimiento de términos. Sin embargo, su juicio sigue en pie por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. La acusación en su contra establece que al exparamilitar Carlos Enrique Vélez le habría entregado hasta $200 millones para que testificara, en procesos relacionados con las autodefensas, a favor de Uribe y en contra del senador Iván Cepeda. Y, además, por presuntamente ofrecer beneficios en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a Juan Guillermo Monsalve, principal testigo contra el exmandatario.
