Contraloría advierte de racionamiento de energía
La situación pone en riesgo la continuidad del suministro eléctrico para más de 10 millones de personas.
La Contraloría General de la República ha alertado sobre un grave retraso en el pago de subsidios a las empresas prestadoras del servicio público de energía por parte del Ministerio de Minas y Energía, lo cual pone en riesgo la continuidad del suministro eléctrico para más de 10 millones de personas en la Costa Caribe, Nariño, Chocó y Puerto Carreño.
Según la información obtenida por la Contraloría y las noticias difundidas en medios de comunicación, esta situación podría derivar en racionamientos e incluso en la cesación del servicio, afectando de manera significativa a sectores esenciales como la salud, la educación, y el comercio en las regiones mencionadas.
La entidad subraya que la supervisión sobre la eficiencia en la prestación de los servicios públicos domiciliarios recae en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Superintendencia de Industria y Comercio, pero hasta el momento no se ha observado una intervención efectiva por parte de estas autoridades.
La Contraloría también señaló que la falta de decisión del Gobierno sobre el reembolso de recursos no recaudados durante la pandemia, sumado al incumplimiento de las obligaciones de los operadores de red con el mercado mayorista de energía, agrava la situación.
Finalmente, la Contraloría hace un llamado al Gobierno nacional y a las entidades competentes para que tomen las medidas necesarias y eviten una crisis energética que impactaría de manera drástica a la población y los sectores dependientes del servicio eléctrico.
Según la información obtenida por la Contraloría y las noticias difundidas en medios de comunicación, esta situación podría derivar en racionamientos e incluso en la cesación del servicio, afectando de manera significativa a sectores esenciales como la salud, la educación, y el comercio en las regiones mencionadas.
La entidad subraya que la supervisión sobre la eficiencia en la prestación de los servicios públicos domiciliarios recae en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Superintendencia de Industria y Comercio, pero hasta el momento no se ha observado una intervención efectiva por parte de estas autoridades.
La Contraloría también señaló que la falta de decisión del Gobierno sobre el reembolso de recursos no recaudados durante la pandemia, sumado al incumplimiento de las obligaciones de los operadores de red con el mercado mayorista de energía, agrava la situación.
Finalmente, la Contraloría hace un llamado al Gobierno nacional y a las entidades competentes para que tomen las medidas necesarias y eviten una crisis energética que impactaría de manera drástica a la población y los sectores dependientes del servicio eléctrico.
