Contralor Departamental, en la mira por agresión física

Jorge Camilo Puentes

Contralor Departamental, en la mira por agresión física

La Procuraduría considera que actuó con dolo y que su conducta, calificada provisionalmente como falta grave, transgrede los principios de respeto e integridad que deben regir el actuar de un servidor público.

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Andrés Felipe Vanegas Mosquera, contralor departamental del Huila (2022-2025), por la agresión física y psicológica contra su entonces pareja, María Salomé Bahamón Vargas. El hecho ocurrió el 18 de junio de 2023 y quedó registrado en cámaras de seguridad. Según la Procuradora Delegada, el funcionario no puede desligarse de su investidura fuera del horario laboral, por lo que se le acusa de vulnerar normas nacionales e internacionales de protección a la mujer.


El proceso disciplinario inició el 27 de junio de 2023, cuando la Procuraduría Regional de Instrucción del Huila abrió investigación por violencia de género. Se realizaron inspecciones en el conjunto residencial donde ocurrieron los hechos y se aseguraron pruebas en video. Posteriormente, la defensa del contralor objetó el informe técnico, alegando errores en la inspección de las grabaciones de seguridad. La investigación se prorrogó y finalizó en abril de 2024, pasando a la fase de alegatos.


Durante esta etapa, Vanegas Mosquera solicitó el archivo del caso, argumentando que la agresión ocurrió fuera del ámbito laboral y en un contexto privado. Sin embargo, la Procuraduría desestimó su defensa, señalando que la violencia de género no es un asunto exclusivamente personal y que los servidores públicos deben mantener un comportamiento ejemplar. Las pruebas demostraron que el contralor agredió a su pareja en repetidas ocasiones, aprovechándose de su posición de poder.


Vanegas Mosquera recibió la formulación de cargos con "tranquilidad", afirmando que confía en el proceso y en su derecho a la defensa. Aclaró que el pliego de cargos no equivale a una condena y que esperará el fallo final. No obstante, la Procuraduría considera que actuó con dolo y que su conducta, calificada provisionalmente como falta grave, transgrede los principios de respeto e integridad que deben regir el actuar de un servidor público.

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