Consejo de Estado suspende decreto de Petro que eliminaba la prima especial de $18 millones para nuevos congresistas
El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el Decreto 030 de 2026, con el que el Gobierno del presidente Gustavo Petro eliminaba la prima especial de servicios para los congresistas que se posesionaran a partir del 20 de julio de 2026.
La Sección Segunda del Consejo de Estado decretó la suspensión provisional del Decreto 030 de 2026, expedido por el Gobierno nacional, al considerar que existen argumentos suficientes para analizar un posible desconocimiento de los principios de igualdad e independencia judicial derivados de la eliminación de la prima especial de servicios para los nuevos congresistas.
Con la medida cautelar, el decreto no podrá aplicarse mientras avanza el proceso judicial, por lo que quienes ingresen al Congreso a partir del 20 de julio conservarán la prima especial de servicios, que asciende a cerca de 18 millones de pesos mensuales. De acuerdo con el comprobante de nómina anexado al expediente, este concepto representa $18.098.558 dentro de una asignación mensual que supera los $55 millones antes de descuentos.
La demanda fue presentada por el abogado Sady Andrés Orjuela Bernal, quien sostuvo que la reforma no solo afectaba a los congresistas, sino también al régimen salarial de magistrados, jueces, fiscales, procuradores, defensores del pueblo y otros funcionarios cuyos ingresos están vinculados legalmente a la remuneración de los integrantes del Congreso.
En su decisión, el Consejo de Estado advirtió que la independencia judicial debe garantizarse tanto a nivel institucional como individual y recordó que las condiciones salariales de los jueces están diseñadas para protegerlos de presiones externas. Además, señaló que la creación de un régimen diferenciado para servidores que desempeñan las mismas funciones podría contrariar el principio constitucional de “a igual trabajo, igual salario”.
El alto tribunal también sostuvo que la aplicación del decreto podía generar una división entre “ganadores y perdedores” dentro de la Rama Judicial, afectar el clima organizacional, desestimular la permanencia de funcionarios, incentivar la búsqueda de otros empleos y comprometer el normal funcionamiento de la administración de justicia.
En las conclusiones del fallo, el Consejo de Estado afirmó que el Decreto 030 de 2026 “debe ser objeto de suspensión provisional” porque pone en entredicho las garantías institucionales de la independencia judicial y compromete el mandato constitucional de “a igual trabajo, igual salario”. Asimismo, precisó que la eventual afectación alcanzaría también a entidades como la Procuraduría General, la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, cuyos sistemas salariales están ligados a los ingresos de los congresistas.
Ahora, el proceso continuará en el Consejo de Estado, que deberá decidir de fondo si el decreto se ajusta o no a la Constitución y a la ley. Mientras tanto, la prima especial de servicios continuará vigente para los nuevos congresistas.
Con la suspensión provisional, el ahorro estimado por el Gobierno, de cerca de $62.000 millones anuales, queda congelado mientras avanza el proceso judicial. En su providencia, el Consejo de Estado sostuvo que el decreto podía generar un efecto negativo sobre el funcionamiento de la Rama Judicial, afectar el clima organizacional y poner en riesgo las garantías de independencia judicial, razones por las que ordenó suspender sus efectos hasta que exista una sentencia definitiva sobre la legalidad de la norma.
Con la medida cautelar, el decreto no podrá aplicarse mientras avanza el proceso judicial, por lo que quienes ingresen al Congreso a partir del 20 de julio conservarán la prima especial de servicios, que asciende a cerca de 18 millones de pesos mensuales. De acuerdo con el comprobante de nómina anexado al expediente, este concepto representa $18.098.558 dentro de una asignación mensual que supera los $55 millones antes de descuentos.
La demanda fue presentada por el abogado Sady Andrés Orjuela Bernal, quien sostuvo que la reforma no solo afectaba a los congresistas, sino también al régimen salarial de magistrados, jueces, fiscales, procuradores, defensores del pueblo y otros funcionarios cuyos ingresos están vinculados legalmente a la remuneración de los integrantes del Congreso.
En su decisión, el Consejo de Estado advirtió que la independencia judicial debe garantizarse tanto a nivel institucional como individual y recordó que las condiciones salariales de los jueces están diseñadas para protegerlos de presiones externas. Además, señaló que la creación de un régimen diferenciado para servidores que desempeñan las mismas funciones podría contrariar el principio constitucional de “a igual trabajo, igual salario”.
El alto tribunal también sostuvo que la aplicación del decreto podía generar una división entre “ganadores y perdedores” dentro de la Rama Judicial, afectar el clima organizacional, desestimular la permanencia de funcionarios, incentivar la búsqueda de otros empleos y comprometer el normal funcionamiento de la administración de justicia.
En las conclusiones del fallo, el Consejo de Estado afirmó que el Decreto 030 de 2026 “debe ser objeto de suspensión provisional” porque pone en entredicho las garantías institucionales de la independencia judicial y compromete el mandato constitucional de “a igual trabajo, igual salario”. Asimismo, precisó que la eventual afectación alcanzaría también a entidades como la Procuraduría General, la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, cuyos sistemas salariales están ligados a los ingresos de los congresistas.
Ahora, el proceso continuará en el Consejo de Estado, que deberá decidir de fondo si el decreto se ajusta o no a la Constitución y a la ley. Mientras tanto, la prima especial de servicios continuará vigente para los nuevos congresistas.
Con la suspensión provisional, el ahorro estimado por el Gobierno, de cerca de $62.000 millones anuales, queda congelado mientras avanza el proceso judicial. En su providencia, el Consejo de Estado sostuvo que el decreto podía generar un efecto negativo sobre el funcionamiento de la Rama Judicial, afectar el clima organizacional y poner en riesgo las garantías de independencia judicial, razones por las que ordenó suspender sus efectos hasta que exista una sentencia definitiva sobre la legalidad de la norma.
