Consejo de Estado decreta pérdida de investidura de Iván Name por caso UNGRD
El Consejo de Estado decretó en primera instancia la pérdida de investidura del expresidente del Senado Iván Name, al considerar que utilizó su poder como congresista para favorecer el trámite de la reforma pensional a cambio de dinero proveniente del escándalo de corrupción de la UNGRD.
Según la decisión, Name habría acordado con Carlos Ramón González, entonces director del DAPRE, favorecer el trámite de la reforma pensional impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro. A cambio, habría recibido $3.000 millones, recursos que, de acuerdo con la investigación, provenían de la UNGRD.
La entrega del dinero habría sido gestionada por Sandra Ortiz, entonces consejera para las regiones, quien presuntamente realizó dos pagos de $1.500 millones. El recorrido, según los testimonios incorporados al caso, comenzó en el Hotel Tequendama y terminó en la vivienda de Name.
Uno de los elementos analizados por el Consejo de Estado fueron las ausencias de Name durante la discusión de la reforma. El entonces presidente del Senado se retiró de 14 de las 16 sesiones plenarias en las que se debatió el proyecto, varias veces pocos minutos después de iniciada la sesión e incluso después del himno. En esas ocasiones, la entonces vicepresidenta del Senado, María José Pizarro, quedó a cargo de la plenaria.
La Procuraduría había solicitado negar la pérdida de investidura al considerar que no existían pruebas suficientes para establecer que Name hubiera utilizado su poder para influir en Sandra Ortiz y gestionar los pagos. El Consejo de Estado llegó a una conclusión diferente y determinó que el exsenador utilizó su posición para favorecer el trámite de la reforma “a cambio de una suma de dinero”.
La decisión no es definitiva, pues corresponde a una sentencia de primera instancia que puede ser apelada ante la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Name permanece privado de la libertad desde mayo, al igual que el representante liberal Andrés Calle, dentro de los procesos que adelanta la Corte Suprema de Justicia por el caso de corrupción de la UNGRD. La información institucional disponible del Consejo de Estado confirma que las decisiones de pérdida de investidura de congresistas corresponden a la jurisdicción contencioso-administrativa.
