Condenados a la guerra

Jhenny Amaya Gorrón

Investigadora del Grupo de Investigación Derecho Internacional y Paz de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Surcolombiana.

Jairo Baquero

Profesor Asociado, Escuela de Ciencias Humanas, Universidad del Rosario

El pasado dos de septiembre la violencia volvió a tocar las puertas de San Luis, un corregimiento al occidente rural de Neiva, cuando siete policías fueron emboscados con artefactos explosivos y luego acribillados con fusil al parecer por un grupo disidente de las FARC, mientras regresaban en su patrulla a la estación del centro poblado.

En la masacre perecieron dos intendentes, dos patrulleros y tres auxiliares, Gustavo Esquivel, el octavo policía quien también iba en la camioneta, logró huir luego de la detonación, evitando así que lo fusilaran como a sus compañeros, Gustavo es un auxiliar de tan sólo 18 años de edad, tiene tres meses de haber ingresado a la institución, se salvó de la masacre y hoy se recupera al lado de su familia, tras las lesiones de una emboscada ocurrida en zona de riesgo de vulneraciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, según la Alerta Temprana N deg,016 del 2019 expedida por la Defensoría del Pueblo.

El temor y la zozobra nuevamente han irrumpido en la cotidianidad de los habitantes de esta zona, pues San Luis ha sido escenario del conflicto armado desde 1948 tras la muerte de Jorge Eliecer Gaitán y la agudización de la violencia bipartidista entre liberales y conservadores.

Son emblemáticas las masacres de la policía a los campesinos liberales, y los asesinatos de liberales y comunistas a los conservadores de Ó,rganos, donde se hizo famosa la campaña de exterminio del sacerdote Jesús Munar contra sus contrincantes liberales, usando técnicas de crueldad contra mujeres y niños.

Esos relatos hacen parte de la memoria de los habitantes de la región, quienes ahora se piensan su presente y las posibilidades de futuro. Los últimos hechos ocurridos en San Luis sin duda hacen girar la mirada a esta hermosa pero olvidada región, pues son estos lugares de la Colombia profunda donde deben establecerse los nichos para la construcción de la paz total.

San Luis: epicentro económico y lugar de disputas

San Luis se fundó a finales del Siglo XIX en tierras sustraídas de un resguardo de indígenas Paeces que habían fundado el caserío de Los Ó,rganos en 1750. Durante el Frente Nacional, no llegó la paz a Ó,rganos y San Luis, y más bien, el conflicto trasmutó a nuevas formas de violencias que sobrepasaron los límites municipales y se expandieron hacia el norte, centro y sur del Huila, Cauca y Caquetá. Los guerrilleros continuaron en San Luis y el occidente de Neiva como parte de su zona de influencia de la denominada colonia agrícola de Marquetalia. Esto produjo un nuevo despoblamiento en 1964 tras el bombardeo a esta colonia.

El desenlace de esta historia es el surgimiento de una nueva guerra de guerrillas contra el Estado colombiano a partir de la creación del Bloque Sur en 1964 y posteriormente de las FARC a partir de 1966 en territorios aledaños a San Luis. La región fue el lugar de origen del Frente Sexto (Bloque Occidental) y del Frente 66 (Comando Conjunto Central), parte del Comando Conjunto Central de las FARC o Adán Izquierdo con influencia en la zona rural de los municipios de Santa María, Teruel, Í,quira, Aipe y Neiva en los centros poblados San Luis, Chapinero, Aipecito, además de los municipios de Ataco y Planadas en Tolima. La región fue lugar de paso y actuación de los Frentes 17 y 21 de esa guerrilla. Luego llegó la época de la guerra total entre el Estado y las FARC en el período de Á,lvaro Uribe (2002-2010) lo que produjo niveles importantes de victimización.

Occidente del Huila: corredores y conexión con el Pacífico

Al ser un territorio bisagra hacia el Pacífico, sus habitantes han sufrido permanentes violencias, pobrezas y exclusiones, por ser, ambos puntos, corredores de la guerra de posiciones que han librado las guerrillas de las FARC y el Ejército colombiano desde los tiempos de las repúblicas independientes como la de RíoChioquito.

El Occidente de Neiva se configuró como un territorio de frontera, donde se confrontan formas antagónicas de territorialización mediante disputas armadas, el control del orden y la adscripción violenta a las ideologías políticas. Las políticas de defensa señalaron este territorio como zona roja desde 1949, zona de operaciones militares en 1963, zona de rehabilitación entre 1957 y 1990 y zona de consolidación entre 2002 y 2010. Los objetivos comunes de la política se han dirigido a la estabilización del orden mediante la lucha contra-insurgente.

Hacia la Paz Total?

La firma del Acuerdo final para la terminación del conflicto en 2016 generó esperanza para la región. Sin embargo, a partir del 2018 a 2021, ha habido una reconfiguración de grupos armados de orden residual conformados por antiguos milicianos, disidentes de los frentes reincorporados y nuevas vinculaciones provenientes del Cauca, Huila y Tolima quienes reinician una nueva disputa para el control del orden social, de rutas del narcotráfico y de la extorsión al campesinado de la región.

Lo que reinició como un conato de criminalidad, se convirtió en una grave amenaza de grupos residuales ante la omisión del Estado que poco o nada ha hecho para evitar que el conflicto escalara a las proporciones que hoy está lamentando el Huila y el país, pese a las reiteradas denuncias de la población civil y organismos de derechos humanos, quienes tempranamente alertaron sobre el resurgimiento y presencia de los denominados Grupos Armados Organizados Residuales GAOR Ismael Ruiz y GAOR Dagoberto Ramos, provenientes del antiguo Frente Sexto de las FARC.

Paradójicamente, Neiva no fue incluido como municipio PDET, y por tanto los esfuerzos de construcción de paz han corrido más de la mano de iniciativas del gobierno local de Neiva y las comunidades. En la región persisten problemas de pobreza estructural, resaltando el pésimo estado de las vías terciarias que hacen costoso y demorado el trayecto hasta la ciudad de Neiva para temas de salud, educación, comercio, entre otros bienes, servicios y acceso a derechos.

En este contexto de violencias, están los protagonistas de las historias de resiliencia y resistencias: los pobladores, el campesinado de Neiva, los procesos asociativos y las organizaciones sociales e indígenas que han afrontado las vicisitudes del conflicto y poco a poco se consolidan como alternativas de futuro para las viejas y nuevas generaciones que mantienen vivas, como una tradición, las instancias de la vida comunitaria como las Juntas de Acción Comunal, los Comités de Conciliación, las asociaciones productivas, las cooperativas, las prácticas solidarias y de regulación intervecinal, a pesar de la reanudación del conflicto que está viviendo este territorio. Así lo demostró el estudio realizado por la Universidad del Rosario entre el 2019 y el2021 denominado Conocimientos y Saberes de comunidades y Organizaciones Sociales en el Sur del Tolima y el Occidente del Huila, como estrategia para construir territorios de paz y comunidades sostenibles ,.

Para seguir transitando hacia la construcción de la paz total, es necesaria la presencia integral del Estado que garantice un acceso real a los derechos de los pobladores en estas zonas, también es imperativo que el Gobierno de Colombia reanude los diálogos con las insurgencias, se establezca un cese bilateral de hostilidades, se retomen acciones para el desescalamiento del conflicto como la materialización urgente de espacios humanitarios que disminuyan el conflicto y a su vez permitan fortalecer las iniciativas comunitarias de paz territorial como las desarrolladas en San Luis y en los regiones donde la guerra sigue condenando a sus habitantes.