Comfamiliar Huila en crisis: cuatro años intervenida sin respuestas
Comfamiliar Huila lleva más de cuatro años bajo intervención estatal y acumula 700 mil millones en deudas con hospitales. Empresarios y trabajadores huilenses exigen transparencia al nuevo gobierno sobre el futuro de la institución que administra recursos parafiscales de la región.
Comfamiliar Huila atraviesa una crisis que toca directamente a los más de 12 mil empresas afiliadas en el departamento y a miles de trabajadores que dependen de sus servicios. La Caja de Compensación Familiar, intervenida desde julio de 2022 por la Superintendencia del Subsidio Familiar, sigue bajo control estatal con una prórroga que se extiende hasta 2026, y en la capital huilense crece la preocupación por lo que ocurre con una institución que administra recursos generados por los empresarios locales.
Los hechos son públicos pero poco se debate en la ciudad. La entidad acumula pasivos cercanos a los 700 mil millones de pesos contraídos con instituciones prestadoras de salud (IPS), hospitales y clínicas. Estos compromisos generaron procesos judicales y embargos contra bienes y locales de Comfamiliar, con garantías que pueden alcanzar hasta 100 millones mensuales. A pesar de que extraoficialmente se ha mencionado que la institución recuperó estabilidad financiera y cuenta con patrimonio positivo, estas cifras de deuda no han sido aclaradas públicamente ni contrastadas.
Decisiones sin control y director fuera de Neiva
Dentro de Comfamiliar Huila existe lo que trabajadores y empresarios describen como un ambiente enrarecido. El director administrativo encargado, Juan Carlos Carvajal Rodríguez, frecuentemente está fuera de la ciudad. Lo que genera más inquietud es que ha contratado personal de su departamento de origen, Santander, a más de 600 kilómetros de distancia, cuando en el Huila existen profesionales calificados para estas funciones.
Un cambio que llamó atención en el gremio empresarial ocurrió en asamblea general: se elevó la capacidad de compra directa sin licitación de 500 salarios mínimos (cerca de 711 millones de pesos hace un año) a 3.500 salarios mínimos. Con el aumento del 23 por ciento en el salario mínimo decretado en el gobierno de Gustavo Petro, esa cifra alcanzó hoy más de 6 mil millones de pesos. Esta facultad, que permite al director realizar compras directas con apenas dos propuestas y su voluntad personal, nunca antes se había otorgado de manera tan amplia. Ni siquiera Armando Ariza, quien administró Comfamiliar durante más de 20 años, se atrevió a solicitar semejante poder de compra.
Lo que preocupa es que la asamblea donde se tomó esta decisión tuvo baja concurrencia. De más de 12 mil empresas afiliadas, asistieron menos de 200 personas según testimonios de quienes estuvieron presentes. La falta de publicidad y participación contrasta con lo que era común: hace años, los sindicatos de trabajadores ejercían control social sobre las decisiones de la Caja, aunque esa vigilancia también ha disminuido notoriamente en el gobierno actual.
Qué espera el Huila de la nueva ministra de Trabajo
La intervención de Comfamiliar Huila depende del Ministerio del Trabajo, que ahora dirige Natalia Eugenia López Fuentes. Desde el sector empresarial huilense advierten que no pueden seguir siendo pasivos mientras una institución que administra recursos parafiscales generados localmente permanece paralizada y sin claridad sobre su futuro. Los recursos que ingresan a Comfamiliar provienen por ley de los aportes de los empresarios y están destinados exclusivamente al desarrollo social de los trabajadores del Huila.
En el país existen 42 cajas de compensación familiar activas. De ellas, 11 están bajo algún tipo de medida de control, pero ninguna ha permanecido intervenida tanto tiempo como la del Huila. Esa brecha entre Neiva y el resto del país es otra razón para que el gobierno nacional y el presidente Abelardo de la Espriella clarifiquen qué pasará con la institución.
Los próximos pasos son esperados con tensión. La Superintendencia del Subsidio Familiar ha hecho caso omiso a las denuncias sobre las irregularidades en la compra directa y la falta de transparencia. Ahora la ministra López Fuentes tiene la palabra sobre cómo la nueva administración abordará una crisis que no es solo administrativa, sino que afecta directamente a trabajadores y empresarios de la región que esperan saber en qué condiciones opera la institución que resguarda sus recursos.
Equipo editorial - Dime Media
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