Colombia y Corea del Sur dos caras de la reforma agraria
El 22 y 23 de febrero de este año en el corregimiento de Chicoral en el sur del Tolima se llevó a cabo un encuentro convocado por el gobierno nacional para impulsar la reforma agraria. Allá mismo, hace 53 años, liberales y conservadores, se ponían de acuerdo para darle un golpe del que hoy no se recupera del todo, consolidando la implementación de la mal llamada “revolución verde” y eliminando del ordenamiento jurídico la expropiación administrativa para tierras improductivas.
De esa reunión del Chicoral del siglo pasado, salió consolidado como política publica el modelo de colonización de la Amazonia y Orinoquia que seguiría empujando a campesinos y campesinas, a los baldíos de la nación donde no había ni dios ni ley. Por cientos de miles, se vieron obligados forjarse un nuevo hogar a hacha y machete entre páramos y la selva amazónica, ya que se les había negado un lugar, en esa parte del país donde el periodo de vida republicana había logrado desarrollar carreteras, trenes y servicios sociales.
La historia de ahí en adelante es un largo listado de etcéteras que se resumen en la lucha por la sobrevivencia campesinos y campesinas, el abandono estatal, víctimas, desplazados, guerra, guerrilla, cocaína, ganadería, desforestación y etcétera, etcétera, etcétera.
Ese camino recorrido hasta aquí, además dejarnos cientos de miles de muertos, nos amenaza con el más grande pasivo ambiental de la nación, que compromete la seguridad hídrica de la sabana de Bogotá y de buena parte de Colombia, entre esos el Huila, como consecuencia de la alteración en el régimen de lluvias ocasionada por la pérdida de la conectividad de los corredores biológicos de los bosques de la Amazonia y Orinoquia con la región andina.
Los incendios del año pasado en el norte del Huila son una señal de alerta frente a esto que tiene que motivarnos a la construcción de políticas públicas en ese sentido.
Garantizar el cuidado de bosques, coberturas vegetales, montañas y ecosistemas acuáticos sobre todo en áreas rurales, para que las ciudades no deban sufrir de racionamientos, solo es posible, si a través de un acuerdo con el campesinado, el estado es capaz de reducir la pobreza rural y darle las herramientas para que adquiera capacidad de consumo a través de una labor que garantice la sobrevivencia de los ecosistemas estratégicos también a las futuras generaciones.
Esa es la mejor forma de hacer la paz entre los humanos y con la naturaleza, que sea el estado y no el hambre y los señores de la guerra, el que oriente los términos en que se desarrolla el empleo en aquellas regiones rurales donde azota la violencia.
Corea del Sur es un ejemplo de esto, según el informe The East Asian Miracle publicado por Banco Mundial en 1993, este país después la ocupación japonesa y la guerra entre las coreas, le expropió a terratenientes dos tercios de tierras productivas a cambio de bonos de deuda y las distribuyó entre cerca de 1.5 millones de familias, logrando con esto consolidar una clase media rural con capacidad de consumo. De esta manera, financiaron con los excedentes agrícolas la naciente industria liviana que años más tarde le permitiría a partir de una inversión impórtate en I+D convertirse en la nación que alberga gigantes tecnológicos como Samsung.
Por eso, en Colombia, cuando se refieren a la reforma agraria tratando de desprestigiar instrumentos como la expropiación, realmente lo que dicen es que no pueden perder su 'derecho' a tener tierras de engorde familias como los Duque. Ellos dueños de terrenos que atraviesan a Neiva desde el oriente, entre las quebradas El Tigre y La Torcaza, hasta el corregimiento El Caguán, esperan que la Alcaldía lleve hasta sus terrenos servicios públicos o vías que incrementen sus ganancias.
El reto en este siglo XXI es precisamente insistir en instrumentos que generen valor público y colectivo, que pongan dinero en los bolsillos de la mayoría de gente. La producción de alimentos, el suministro de agua y la generación de empleo hacen eso, la economía del lobby que se provecha de lo público, solo pone dinero en los bolsillos de quienes financian campañas políticas y asisten a cocteles.
La reforma agraria en el siglo XXI debe enfrentar nuevos desafíos, como integrar rápidamente tecnologías avanzadas en las cadenas de producción, que van desde la mecanización agrícola hasta el big data, y reconocer el papel estratégico del campesinado como custodio de la biodiversidad y el patrimonio genético de la nación.
De esa reunión del Chicoral del siglo pasado, salió consolidado como política publica el modelo de colonización de la Amazonia y Orinoquia que seguiría empujando a campesinos y campesinas, a los baldíos de la nación donde no había ni dios ni ley. Por cientos de miles, se vieron obligados forjarse un nuevo hogar a hacha y machete entre páramos y la selva amazónica, ya que se les había negado un lugar, en esa parte del país donde el periodo de vida republicana había logrado desarrollar carreteras, trenes y servicios sociales.
La historia de ahí en adelante es un largo listado de etcéteras que se resumen en la lucha por la sobrevivencia campesinos y campesinas, el abandono estatal, víctimas, desplazados, guerra, guerrilla, cocaína, ganadería, desforestación y etcétera, etcétera, etcétera.
Ese camino recorrido hasta aquí, además dejarnos cientos de miles de muertos, nos amenaza con el más grande pasivo ambiental de la nación, que compromete la seguridad hídrica de la sabana de Bogotá y de buena parte de Colombia, entre esos el Huila, como consecuencia de la alteración en el régimen de lluvias ocasionada por la pérdida de la conectividad de los corredores biológicos de los bosques de la Amazonia y Orinoquia con la región andina.
Los incendios del año pasado en el norte del Huila son una señal de alerta frente a esto que tiene que motivarnos a la construcción de políticas públicas en ese sentido.
Garantizar el cuidado de bosques, coberturas vegetales, montañas y ecosistemas acuáticos sobre todo en áreas rurales, para que las ciudades no deban sufrir de racionamientos, solo es posible, si a través de un acuerdo con el campesinado, el estado es capaz de reducir la pobreza rural y darle las herramientas para que adquiera capacidad de consumo a través de una labor que garantice la sobrevivencia de los ecosistemas estratégicos también a las futuras generaciones.
Esa es la mejor forma de hacer la paz entre los humanos y con la naturaleza, que sea el estado y no el hambre y los señores de la guerra, el que oriente los términos en que se desarrolla el empleo en aquellas regiones rurales donde azota la violencia.
Corea del Sur es un ejemplo de esto, según el informe The East Asian Miracle publicado por Banco Mundial en 1993, este país después la ocupación japonesa y la guerra entre las coreas, le expropió a terratenientes dos tercios de tierras productivas a cambio de bonos de deuda y las distribuyó entre cerca de 1.5 millones de familias, logrando con esto consolidar una clase media rural con capacidad de consumo. De esta manera, financiaron con los excedentes agrícolas la naciente industria liviana que años más tarde le permitiría a partir de una inversión impórtate en I+D convertirse en la nación que alberga gigantes tecnológicos como Samsung.
Por eso, en Colombia, cuando se refieren a la reforma agraria tratando de desprestigiar instrumentos como la expropiación, realmente lo que dicen es que no pueden perder su 'derecho' a tener tierras de engorde familias como los Duque. Ellos dueños de terrenos que atraviesan a Neiva desde el oriente, entre las quebradas El Tigre y La Torcaza, hasta el corregimiento El Caguán, esperan que la Alcaldía lleve hasta sus terrenos servicios públicos o vías que incrementen sus ganancias.
El reto en este siglo XXI es precisamente insistir en instrumentos que generen valor público y colectivo, que pongan dinero en los bolsillos de la mayoría de gente. La producción de alimentos, el suministro de agua y la generación de empleo hacen eso, la economía del lobby que se provecha de lo público, solo pone dinero en los bolsillos de quienes financian campañas políticas y asisten a cocteles.
La reforma agraria en el siglo XXI debe enfrentar nuevos desafíos, como integrar rápidamente tecnologías avanzadas en las cadenas de producción, que van desde la mecanización agrícola hasta el big data, y reconocer el papel estratégico del campesinado como custodio de la biodiversidad y el patrimonio genético de la nación.
