Bancada parlamentaria del Huila expresa inconformismo por tarifas de energía eléctrica en Colombia
<p><i><strong>La bancada parlamentaria del Departamento del Huila ha manifestado su profundo inconformismo y el de la comunidad que representan ante las elevadas tarifas de energía eléctrica que actualmente se están aplicando en Colombia y en la región del Huila. ;</strong></i></p>
A continuación, se detallan las acciones específicas que solicitan al Gobierno Nacional para abordar esta situación:
Solicitan al Gobierno Nacional, como mayor accionista de la Electrificadora del Huila, asumir el déficit de 65 mil millones derivados de la opción tarifaria establecida como alivio para los usuarios durante la pandemia, deuda que los usuarios asumieron sin su consentimiento y que ahora se les está cobrando de manera injusta.
Proponen modificar el mínimo de subsistencia para los estratos bajos, aumentándolo de 173 KW/mes a al menos 250 KW/mes, de manera permanente o durante coyunturas afectadas por fenómenos como el fenómeno del Niño o exposición a la bolsa por los operadores de la red.
Piden que los giros o pagos por concepto de subsidios de los estratos 1, 2 y 3 se realicen de manera periódica, puntual y eficiente.
Demandan regular la generación de energía obligando a los generadores a participar en las convocatorias que hagan los operadores, ofertando un porcentaje mínimo de la necesidad planteada por éstos, con un porcentaje mayor cuando la convocatoria provenga de operadores de red donde existan fuentes de generación como es el caso del Huila con Betania y el Quimbo.
La bancada del Huila solicita respetuosamente que se adopten estas medidas pertinentes para impactar y ajustar las políticas tarifarias de energía eléctrica en el país. Destacan que el Huila aporta cerca del 5% de la generación a nivel nacional, por lo que merece un tratamiento diferencial que compense de alguna manera el impacto ambiental y social de las hidroeléctricas en el departamento.
Asimismo, es imperativo buscar mecanismos que permitan ofrecer tarifas justas y competitivas que reflejen los costos reales de producción y distribución, sin comprometer la calidad y confiabilidad del servicio.
Finalmente, hacen un llamado al gobierno nacional para abordar este tema con la seriedad y urgencia que demanda.
