Aspersión aérea contra cultivos ilícitos: qué significa para el Huila
El Gobierno reactiva la fumigación con glifosato tras años suspendida. En el Huila, zona de disputa por narcotráfico, la medida promete intensificar la lucha pero genera dudas sobre impactos ambientales y en comunidades rurales.
La aspersión aérea contra cultivos ilícitos regresa a Colombia después de casi una década. El Gobierno nacional derogó la resolución de 2015 que suspendía las operaciones de glifosato y prepara un plan piloto para reanudar las fumigaciones. El ministro de Justicia, Iván Cancino, confirmó que la medida "se hará realidad" respetando los límites impuestos por la Corte Constitucional, mientras el presidente Abelardo De La Espriella ha anunciado que se pronunciará sobre el tema en los próximos días.
Para el Huila, territorio donde los cultivos ilícitos alimentan economías criminales en municipios como Palermo, Colombia y Villavieja, esta decisión abre un escenario complejo. La región ha sido históricamente una de las zonas con mayor presencia de coca en el país, disputada por grupos criminales que controlan rutas de droga hacia el Pacífico y Venezuela. La reactivación de fumigaciones promete presionar a esos cultivos, pero también trae incertidumbre sobre cómo afectará a campesinos, ganadería, sistemas de agua y ecosistemas en municipios donde la economía rural depende tanto de cultivos lícitos como de territorios adyacentes a zonas ilícitas.
Un debate que divide territorios y derechos
La aspersión fue suspendida en 2015 tras décadas de uso, en parte por presiones internacionales, estudios sobre posibles impactos en salud humana y ecosistemas, y fallos de la Corte Constitucional que exigieron protecciones estrictas. Ahora el Gobierno retoma la estrategia como herramienta contra el narcotráfico, argumentando que la erradicación manual ha sido insuficiente para reducir el cultivo de coca en el país.
En el Huila, esta decisión toca directamente a pequeños y medianos productores que viven en zonas donde la coca compite con café, cacao, caña y ganadería. Algunos campesinos que cultivan lícitamente temen daños colaterales; otros, presionados por economías precarias, están vinculados indirectamente a economías criminales. Las comunidades indígenas y afrodescendientes de la región, presentes en municipios como Neiva y áreas rurales, también quedan en la mira, pues comparten territorios con cultivos ilícitos.
Qué viene: respuestas condicionadas y vigilancia
El Gobierno ha comprometido respetar los mandatos de la Corte Constitucional sobre medioambiente, principio de precaución y derechos de comunidades. Eso significa que antes de cualquier fumigación masiva habrá que demostrar que no afecta ecosistemas críticos, sistemas de agua potable, territorios indígenas o zonas de conservación. En el Huila, donde ríos como el Magdalena y el Cauca son vitales, esa condición cobra peso real.
Lo que falta es claro: fechas concretas del plan piloto, zonas específicas donde se ejecutará, protocolos de monitoreo y qué pasará si hay daños. El Consejo Nacional de Estupefacientes ha zanjado que fallos de justicia estadounidense no rigen en Colombia, pero el debate científico sobre efectos del glifosato sigue abierto en la comunidad internacional y local. En los próximos días el presidente De La Espriella dará detalles del proceso; mientras tanto, en Neiva y municipios huilenses, pequeños productores, ambientalistas y autoridades locales esperan saber en qué territorio y cuándo llega la fumigación.
Equipo editorial - Dime Media
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