Aprobada Reforma al Sistema General de Participaciones
El Congreso de la República aprobó la Reforma Constitucional que modifica el Sistema General de Participaciones (SGP), incrementando gradualmente las transferencias a departamentos, distritos y municipios
El Congreso de la República aprobó la Reforma Constitucional que modifica el Sistema General de Participaciones (SGP), incrementando gradualmente las transferencias a departamentos, distritos y municipios al 39.5% de los ingresos corrientes de la Nación, a partir de 2027. Este aumento se implementará de manera progresiva durante un periodo de 12 años.
Carlos Ardila, ponente de la reforma, destacó que estos recursos no serán asignados sin la aprobación de una Ley de Competencias, la cual deberá ser tramitada en un plazo no mayor a 12 meses. Según Ardila, la modificación se alinea con la regla fiscal y el marco fiscal de mediano plazo.
El Ministerio del Interior resaltó que esta reforma responde a los principios de descentralización consagrados en la Constitución de 1991, permitiendo a los entes territoriales mayor autonomía para decidir sobre la inversión en programas y proyectos estratégicos para su desarrollo.
El incremento busca mejorar la financiación en sectores esenciales como educación, salud y saneamiento básico, garantizando una distribución más equitativa de los recursos en las regiones del país.
Pese a la trascendencia de esta reforma, el debate final contó con la ausencia del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Alexander López, lo que generó críticas por parte de algunos sectores políticos.
Carlos Ardila, ponente de la reforma, destacó que estos recursos no serán asignados sin la aprobación de una Ley de Competencias, la cual deberá ser tramitada en un plazo no mayor a 12 meses. Según Ardila, la modificación se alinea con la regla fiscal y el marco fiscal de mediano plazo.
El Ministerio del Interior resaltó que esta reforma responde a los principios de descentralización consagrados en la Constitución de 1991, permitiendo a los entes territoriales mayor autonomía para decidir sobre la inversión en programas y proyectos estratégicos para su desarrollo.
El incremento busca mejorar la financiación en sectores esenciales como educación, salud y saneamiento básico, garantizando una distribución más equitativa de los recursos en las regiones del país.
Pese a la trascendencia de esta reforma, el debate final contó con la ausencia del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Alexander López, lo que generó críticas por parte de algunos sectores políticos.
