ANT concluye que finca de Nicolás Laserna, primo de Paloma Valencia en Vichada es baldío del Estado
La Agencia Nacional de Tierras concluyó que la finca Buenavista, de más de 6.000 hectáreas en La Primavera, Vichada, ocupada por Nicolás Laserna, primo de la senadora Paloma Valencia, corresponde a un baldío indebidamente ocupado y, por tanto, pertenece al Estado.
La Agencia Nacional de Tierras (ANT) confirmó una decisión de fondo dentro del proceso de clarificación de propiedad sobre la finca Buenavista, ubicada en La Primavera, al concluir que el predio de 6.182 hectáreas tiene carácter de baldío y se encuentra indebidamente ocupado.
El director de la entidad explicó que la determinación fue adoptada tras estudios técnicos, visitas al terreno y revisión documental adelantada durante varios años. Con ello, la ANT sostuvo que esas tierras son de propiedad estatal y no de carácter privado.
El caso inició en 2014, cuando Nicolás Laserna y el exrepresentante Gustavo Londoño García presentaron una demanda para legalizar la ocupación del predio, argumentando que había sido adquirido a otros ocupantes. En 2017, un juzgado de Puerto Carreño falló a su favor.
Sin embargo, la ANT aseguró que no fue vinculada al proceso judicial, por lo que interpuso una tutela en 2019. Posteriormente, tanto el Tribunal Superior de Villavicencio como la Corte Suprema respaldaron la posición de la entidad.
A partir de esas decisiones, en 2020 se abrió formalmente el proceso de clarificación que ahora concluyó que el terreno debe priorizarse para adjudicación a campesinos sin tierra o comunidades étnicas, conforme a la normatividad agraria vigente.
Por su parte, Paloma Valencia ha defendido a su familiar y sostuvo que, aunque el terreno pudo ser baldío en el pasado, actualmente correspondería a propiedad privada. La ANT agregó que los ocupantes manifestaron disposición de devolver el predio de manera voluntaria.
El director de la entidad explicó que la determinación fue adoptada tras estudios técnicos, visitas al terreno y revisión documental adelantada durante varios años. Con ello, la ANT sostuvo que esas tierras son de propiedad estatal y no de carácter privado.
El caso inició en 2014, cuando Nicolás Laserna y el exrepresentante Gustavo Londoño García presentaron una demanda para legalizar la ocupación del predio, argumentando que había sido adquirido a otros ocupantes. En 2017, un juzgado de Puerto Carreño falló a su favor.
Sin embargo, la ANT aseguró que no fue vinculada al proceso judicial, por lo que interpuso una tutela en 2019. Posteriormente, tanto el Tribunal Superior de Villavicencio como la Corte Suprema respaldaron la posición de la entidad.
A partir de esas decisiones, en 2020 se abrió formalmente el proceso de clarificación que ahora concluyó que el terreno debe priorizarse para adjudicación a campesinos sin tierra o comunidades étnicas, conforme a la normatividad agraria vigente.
Por su parte, Paloma Valencia ha defendido a su familiar y sostuvo que, aunque el terreno pudo ser baldío en el pasado, actualmente correspondería a propiedad privada. La ANT agregó que los ocupantes manifestaron disposición de devolver el predio de manera voluntaria.
