Alerta por $10,18 billones sin legalizar en el sector salud

Alerta por $10,18 billones sin legalizar en el sector salud

La Contraloría General de la República encendió las alertas sobre el manejo de los recursos públicos destinados a fortalecer la infraestructura hospitalaria en Colombia. Según el organismo de control, al 30 de junio de 2026 existían $10,18 billones en transferencias y subvenciones condicionadas pendientes de legalización, situación que evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de seguimiento sobre el dinero entregado por el Ministerio de Salud.

La advertencia se produjo tras una revisión de la Contraloría Delegada para el Sector Salud, que examinó 40 proyectos de infraestructura y dotación de equipos médicos financiados entre 2022 y 2025, los cuales recibieron asignaciones por $1,03 billones. De ese universo, 22 iniciativas presentan retrasos o suspensiones y comprometen $541.194 millones, equivalentes al 52,77 % de los recursos analizados.

Uno de los aspectos más preocupantes es que apenas el 1,61 % de los recursos asignados durante ese periodo corresponde a proyectos reportados como terminados. Para la Contraloría, este panorama representa riesgos fiscales, especialmente por las demoras en las obras, las suspensiones y las deficiencias en los mecanismos de seguimiento.

El organismo también identificó problemas en los estudios y diseños iniciales, modificaciones en el alcance de las intervenciones, mayores cantidades de obra, actividades que no estaban contempladas e insuficiencias presupuestales. A esto se suman dificultades para establecer la trazabilidad del dinero y diferencias entre las obras ejecutadas y los proyectos que habían sido aprobados inicialmente.

El contralor general, Jorge Eliécer Laverde Vargas, advirtió sobre el riesgo de pérdida de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y anunció que continuará la vigilancia fiscal. La Contraloría insistió en que el propósito de estas inversiones no puede limitarse a entregar recursos o construir edificios, sino que debe garantizar hospitales funcionales, con capacidad para prestar servicios y mejorar la atención de los colombianos.